El Departamento de Justicia de la administración Trump acudió el miércoles 18 de noviembre a la Corte Suprema para mantener en suspenso un fallo federal que devolvería el Estatus de Protección Temporal (TPS) a venezolanos amparados por la designación de 2023. En el expediente 26A714 figura la solicitud remitida a la jueza Elena Kagan. En la consulta del 18 de noviembre, el expediente público aún no mostraba una orden sobre la nueva petición.
El próximo punto de inflexión es el viernes 20. Ese día vence la pausa administrativa de 14 días del Noveno Circuito, salvo que un tribunal la extienda o emita otra orden. El Gobierno quiere una pausa inmediata mientras la Corte estudia la solicitud y, después, una suspensión más larga mientras sigue la apelación. Orden del Noveno Circuito, página 5.

Por qué el Gobierno dice que es urgente
D. John Sauer, abogado del Gobierno ante la Corte Suprema, dijo en su escrito que, si el fallo entra en vigor, el Gobierno podría tener que liberar a unas **1.800 personas venezolanas detenidas** y quedaría impedido de ejecutar hasta **332 órdenes finales de expulsión** en el corto plazo. También argumentó que tendría que volver a otorgar autorizaciones de empleo. Son cálculos del Ejecutivo sobre lo que podría pasar si vuelve el TPS, con los que buscó justificar la intervención urgente. Solicitud de emergencia, págs. 3 y 21.

El Ejecutivo sostiene además que el precedente *Mullin v. Doe* impide a los tribunales revisar impugnaciones no constitucionales a la terminación del TPS. El Noveno Circuito aún tiene que reconsiderar cómo se aplica ese precedente a este caso. Solicitud de emergencia, págs. 15–18 · Expediente 26-48.
Qué está en juego para las familias
La ley federal del TPS prevé protección temporal frente a la expulsión y autorización de empleo para quienes cumplen los requisitos mientras el estatus está vigente. También limita la detención basada únicamente en el estatus migratorio. La solicitud del 18 de noviembre se centra en la designación venezolana de **2023**. El efecto del litigio sobre personas concretas depende de la orden que esté vigente y de su elegibilidad.
La defensa de los beneficiarios, que incluye al equipo jurídico de UCLA, sostiene que la pérdida del TPS ya ha provocado separaciones familiares y deportaciones. En una declaración aportada al tribunal, Carlos Sanchez Villa contó que fue deportado a Liberia en agosto de 2026 y quedó separado de su esposa y sus hijos en Estados Unidos. El caso ilustra las consecuencias que los demandantes piden que el tribunal considere. Comunicado del equipo legal.
Cronología
- **5 sep. 2025.** El juez federal Edward Chen falla contra la terminación y la anulación de una extensión del TPS venezolano. Fallo del distrito.
- **5 oct. 2026.** La Corte Suprema deja sin efecto la sentencia anterior del Noveno Circuito y devuelve el asunto para que lo reconsidere a la luz de *Mullin v. Doe*. Expediente 26-48.
- **3 y 6 nov. 2026.** El Noveno Circuito ordena una pausa administrativa de 14 días y la hace comenzar el día 6. Orden del 3 de noviembre.
- **18 nov. 2026.** El Gobierno presenta su nueva solicitud de urgencia a la Corte Suprema. Expediente 26A714.
- **20 nov. 2026.** Fecha prevista de vencimiento de la pausa, sujeta a una nueva orden. Solicitud del Gobierno, pág. 14.
Análisis de Pulso Demócrata
El Gobierno le pide a la Corte que trate como urgente la posibilidad de tener que liberar a personas detenidas y volver a autorizarles a trabajar. Las familias llevan meses viviendo las consecuencias del vaivén judicial. Si la administración quiere prolongar la pausa, le toca explicar qué justifica mantener esas consecuencias mientras se resuelve la apelación.



